Un comentario:

La semana recién pasada tomó posesión la nueva Fiscal General de la República, María Consuelo Porras Argueta de Porres, Doctora en Derecho y con amplia experiencia en el denominado “sector justicia”.  Luego de un proceso de postulación de conformidad con la Constitución y las Leyes -en donde obtuvo una de las calificaciones más altas- fue designada por el Presidente Morales para sustituir a la controversial ex Fiscal General, Thelma Aldana; controversial, pues de haber sido señalada por la propia Cicig por la forma en que alcanzó la magistratura de la Corte Suprema de Justicia -de la cual también fue Presidente- y luego haber sido ampliamente criticada su designación por parte del expresidente Pérez Molina, pasó a ser la abanderada  de la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad, además de ser la mancuerna imperdible del Comisionado Velásquez. Como era de esperarse, durante su gestión fue alabada por muchos y criticada por algunos; también se le señaló puntualmente en un par de ocasiones de haber participado en actos que posiblemente riñen con la Ley -notablemente, cuando fue señalada por el multiusos, dueño de la memoria más prodigiosa sobre la faz de la tierra, colaborador eficaz: Juan Carlos Monzón- señalamientos que, como también era tristemente de esperarse, no fueron siquiera tomados en cuenta, mucho menos indicadas investigaciones.  Con las modificaciones que se hicieron a la Ley del Ministerio Público, será virtualmente imposible la remoción de la cabeza de esa institución; como suele pasar en este país, se pensó en blindar a la entonces FG Aldana, pero no se pensó en la posibilidad que, como también suele pasar en este país, pueda llegar eventualmente una persona que haya que remover por justificadas razones.  Menudo será el problema y seguramente se recurrirá a otro chapuzlegislativo, como suele pasar en este país.  Ni modo. 

El asunto es que, ya no está Aldana, sino está Porras, una jurista que hasta el sol de hoy no tiene señalamiento alguno y que ha sido alabada -también- por todos.  Llega a la Fiscalía con los dados cargados, pues su antecesora en la veinticincoava hora –25th hour, como se dice en ingles-  pública e innecesariamente le dejó “el camote” de presentar un antejuicio en contra del Presidente Morales, algo que perfectamente pudo haber hecho Aldana antes de irse, pero escogió hacer lo que hizo con saber que intención.  Le toca pues a la actual FG proceder conforme la Ley.

La Fiscal General Porras ya ha dado señas que se apartará en algunos aspectos del proceder de su antecesora, específicamente en lo relativo a la prisión preventiva que, si bien es resuelta por los jueces, lo hacen a petición de la fiscalía y, cuando los jueces otorgan medida sustitutiva, la fiscalía casi invariablemente apela hasta conseguir que el sindicado esté detenido.  Esta situación no solo ha sido señalada por Raymundo y medio mundo en Guatemala como vergonzosa, sino que, eminentes personalidades e importantes instituciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos también la han condenado y reiteradamente señalado como violación a los derechos humanos de los sindicados.  Es bienvenida la iniciativa de la FG Porras y se espera que rinda frutos a la mayor brevedad.

A pesar de su intachable curriculumy trayectoria, se le pretendió manchar diciendo que su esposo era militar, como si eso la descalificase; sin embargo, pronto se develó ese malintencionado ardid al difundirse ampliamente que no era cierto.  A pesar de la virtual inamovilidad del cargo, están todavía en trámite -hasta donde yo se- acciones de amparo en contra de la Comisión de Postulación de cuyo actuar devino el nombramiento de Porras.  En mi opinión, resulta deleznable que, cual espada de Damocles, penda sobre la cabeza de la Fiscal la posibilidad que, a través de una acción de esa índole se pueda anular su designación, similar a lo que se le hizo injustamente al entonces Fiscal General Conrado Reyes.  En otro caso -de esos que la Corte de Constitucionalidad resuelve exprés-  ya habrían resuelto dejar sin materia los amparos; cada día que dejan vigentes esas acciones es un día más que se mina la credibilidad de las instituciones y se evidencia el favoritismo a una tendencia en detrimento de cualquier otra.  Si no que lo diga la mina San Rafael y sus miles de trabajadores afectados por el retardo malicioso de una resolución. 

Se le desea a la nueva Fiscal General Consuelo Porras la mejor de las suertes y la sabiduría y habilidad para navegar las tumultuosas aguas de las entrañas del poder, sobre todo, que sepa desechar toda intención de influir en sus decisiones por parte de todo tipo de grupos de presión, sobre todo esos que dicen ser “pro justicia” o cosas similares. 

Una reflexión:

Aunque no soy el primero y espero no ser el último en referirme a la cada vez más cercana elección general del 2019 en donde se elegirá a los próximos presidente y vicepresidente, diputados, alcaldes -y sus concejos municipales-, creo que es importante reflexionar acerca de lo que en ese evento cívico-político puede ocurrir; qué debemos -y podemos- hacer los ciudadanos para que las autoridades electas sean las mejores posibles (digo posibles, porque tampoco es como que en este país se eduquen para el servicio público “Churchills” o “De Gaulles”.  De entre lo que hay, eso si, debemos poder discernir entre las propuestas populistas -de izquierda o de derecha- y las propuestas serias.  Estas últimas serán sin duda las que, aunque difíciles de llevar a cabo, vendrán con todo y un plan detrás de ellas que permita su implementación y sostenimiento.  Para comenzar, estas propuestas -las serias- vendrán de personas serias, calificadas, y no de aventureros o de politiqueros.  Serán personas que, por supuesto, no estén libres de crítica, ¡eso que ni qué!  Sus propuestas, como dije, deberán estar bien diseñadas y en la medida de lo posible, simplificadas para su fácil comprensión; el votante debe conocer con la mayor profundidad posible las propuestas de los candidatos.  A su vez, las propuestas, no deben ser cartas a Santa Claus; lista de buenas intenciones sin la más mínima posibilidad de implementación.  Quien le prometa que en su plan de gobierno -de 4 años-se encuentra la salvación y la solución a los problemas sistémicos y comportamientos atávicos de Guatemala, le miente.  En 4 años no se puede sino contribuir para un plan de nación, que puede ir variando de acuerdo con la ideología de la fuerza política de turno, pero jamás estancarse ni retroceder, como ha pasado una y otra vez en la historia de este nuestro país. 

Además, deberán estar claras las formas de sostenimiento de tales acciones o políticas, es decir, su forma de financiamiento.  Si bien es cierto que es difícil prever las condiciones económicas del país con certeza, el candidato que no le diga con buen grado de certeza cuanto cuesta lo que propone y de dónde piensa sacar ese dinero, también le está mintiendo o cuando menos, se lo quiere babosear.

No esperemos, pues, la segunda venida del mesías o cosa similar.  Eso no va a pasar.  Las reformas a la Ley Electoral son básicas -aunque a estas alturas ya poco podrán hacer- para que en la próxima elección tengamos una mejor oferta política, pero la decisión, aunque sea entre los candidatos que haya, en todo caso es “suya de usted”, del elector, y no del partido o del candidato. 

Y vean, aunque en esta coyuntura el tema, sin lugar a duda, es la lucha en contra de la impunidad, déjenme decirles que el candidato que le venga con el cuento que su plan es el apoyo irrestricto e incondicional a la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad, le estará dando atol con el dedo.  Por supuesto que se necesita que desde el Ejecutivo se apoye esa “lucha”, pero si algo nos ha enseñado la historia reciente es que esa tarea la pueden y saben hacer muy bien solitos el MP y la Cicig.  Así que, si ese es su “plan”, le están viendo la cara. ¡No se deje engañar!

Un verdadero plan de gobierno y una propuesta coherente será aquella que le diga en términos sencillos qué pretende hacerse para reducir la desnutrición crónica infantil que, como siga así, nos condenará como país a otros 20 años de atraso.  También se debe enfocar en qué hacer con los niños y adolecentes que ya sufren de los efectos de esa desnutrición y que oportunamente deberán insertarse a la fuerza laboral.  Sin dejar por un lado la educación -importante, pero complicada con las condiciones alimenticias ya aludidas-, la propuesta seria también debe abordar la escasez de trabajo -calificado, sobre todo- y el efecto que ello tiene en la economía nacional.  Más allá de la discusión bizantina de que si el Estado -gobierno- debe atender tantas cosas o se debe enfocar en algunas, si no se establecen reglas claras y sencillas para la tributación, se seguirá incentivando la informalidad y la evasión. 

En cuanto a salud, la propuesta debe incluir la posición seria del candidato y partido en cuanto al insostenible modelo de salud pública y previsión social.  Sin que sea el ámbito privado la panacea, ha quedado claro que es insostenible el modelo público actual y que éste deber ser revisado y modificado para dar sostén no solo a los pensionados actuales, sino sobre todo a los futuros.  Los precios de las medicinas son ofensivos para una población que no puede pagarlos; continuar con la compra a esos precios es también, insostenible.  Así, la propuesta seria también debe contemplar qué y cómo hacer para que las medicinas sean asequibles en Guatemala.  Antes que mis amigos liberales me manden al ostracismo por abogar por el intervencionismo estatal, aclaro que de lo que hablo es de castigar los abusos de agentes del mercado y asegurar que posiciones dominantes no vayan en detrimento del consumidor.  Reglas claras.

Finalmente, algo que este país no puede seguir soslayando es el cuidado del ambiente y manejo racional de los recursos.  La protección del ambiente no suele encontrarse muy a menudo en propuestas liberales, pero en mi opinión es fundamental, pues evitan las externalidades y le asignan el costo a quien incurre en actividades contaminantes, y no al resto de los individuos. Las normas ambientales deben ser tales que permitan el aprovechamiento racional de todos los recursos, castigando a quienes abusen de ese aprovechamiento.  No puede ser que un país tan rico en recursos como el nuestro no los aproveche y que sus réditos no sean en beneficio de la mayoría. 

Es muy fácil señalar y simplemente decir qué es lo que se debe hacer, lo se.  Sin embargo, confío en que en el ámbito político haya personas capaces de hacer planteamientos como el que yo, desde la comodidad de mi teclado, he esbozado.  Estoy convencido de que hay que escuchar con atención las propuestas y que seguramente habrá aunque sea, una seria, expuesta por alguien capaz y experimentado que dirija los designios de se país por los siguientes 4 años.  Como diría un buen amigo, ¡es lo que nos merecemos!