Hoy, más que otros días, estoy seguro de que me meteré en honduras; fiel a la expresión, daré mi opinión sobre un tema del cual tengo muy pocos elementos, pero que creo que es importante no dejar pasar.
De acuerdo a la información que ha circulado en los medios y en redes sociales, el viernes pasado, entre la tarde y la noche, fue asesinada Juana Raymundo, enfermera de 25 años que además era militante de Codeca y había sido designada -electa- para integrar el comité ejecutivo del partido político que esa organización está formando. Antes de referirme a cualquier otro aspecto del hecho, creo que es imperativo decir que cualquier asesinato -y si, presumo que es asesinato y no otro tipo de muerte, por los datos que se tienen- es un hecho condenable y lamentable sin importar el sexo, etnia, ideología, militancia o profesión que la víctima pueda haber tenido. Así, condeno -término de moda- el asesinato propiamente dicho, sin ponerle adjetivos o tintes, pues lo que se pierde es la vida de una persona, ni más ni menos.
Sin embargo, es más que evidente que las circunstancias que rodean al hecho si dan elementos para que una trágica muerte se convierta en mucho más; el hecho de ser miembro -o miembra, no se si así se prefiere- de Codeca, una organización “defensora comunitaria y de derechos humanos” según su perfil de Facebook (el link de su página institucional no funciona) y designada para ser parte del comité ejecutivo de un partido en formación ciertamente le dan un cariz particular y que se presta a un montón de elucubraciones. Un elemento que da adicionales elementos para preocuparse es que según denuncias de dicha organización y otras afines, en lo que va del año han muerto de manera violenta otros seis de sus miembros, lo que lleva a pensar, claro está que, aunque sea simplemente por estadística, es una incidencia muy alta. El asesinato de Juana Raymundo y el de los demás miembros deben investigarse y llevar a los responsables ante los tribunales, como se debe hacer con cualquier otro crimen.
Como suele ocurrir con el asesinato de un “líder comunitario” -las comillas son una cita textual, no para poner en entredicho su calidad- la indignación no se hizo esperar y primero las redes, pero luego los medios de comunicación se inundaron de condenas y exigencias a las autoridades para que se esclarezca el hecho. Hasta ahí muy bien, sin embargo, casi al nomás conocerse el hecho hubo personas que señalaron sin prueba alguna a determinada autoridad y adelantaron el móvil del crimen. Que me perdonen, pero el asunto es serio y no es como para estar jugando el juego de mesa Clue: “fue el coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro” -porque claro, el asesino debe ser un coronel-. Acá surge otro elemento que no podía hacerse esperar: la inmediata exigencia a la actual Fiscal General para que investigue el hecho y de con los responsables. Insisto, hasta ahí bien, pero inmediatamente le quisieron dar el cariz de que seguramente no se haría porque -según esas personas- la actual Fiscal General no actúa en el momento y de la forma que ellos pretenden y eso es prueba irrefutable que es una pieza del denominado #pactodecorruptos y que está allí con el único fin de minar el trabajo de investigación y la lucha en contra de la impunidad. Creo que es perfectamente válido pedir de las autoridades correspondientes debida diligencia en este y en todos los demás casos, pero de eso a casi casi acusarla de estar encubriendo a los autores hay mucho trecho y es irresponsable e inmoral. La Cicig muy calladita, eso si.
Luego, algunos periodistas y otras personas “exigen” que tal o cual entidad o funcionario se pronuncien sobre el hecho y que si no lo hacen seguramente están encubriendo o cuando menos, son cómplices. ¡Wow! Si eso es así, millones de guatemaltecos serán cómplices. Inmediatamente se señaló al Presidente, gabinete y otros funcionarios por no pronunciarse oportunamente y es cierto, no lo hicieron, sin embargo otros personajes tampoco lo han hecho: Helen Mack, Rigoberta Menchú o la propia Thelma Aldana, por ejemplo. A mi me surgió la duda genuina de que, si ahora se señala a la actual Fiscal General por no actuar diligentemente -a menos de dos días- y no esclarecer el hecho, ¿qué fue y qué resultados han tenido las investigaciones de los asesinatos de los otros “líderes campesinos” ocurridos en el período de la Fiscal Thelma Aldana? Lo desconozco y por eso lo pregunté, sin embargo, como se dice coloquialmente: todo silencio. Si la crítica es válida para la actual por el reciente asesinato, con mayor razón lo es hacia Aldana por los anteriores.
Tampoco han sido estruendosos los pronunciamientos de condena de las cámaras empresariales o de la comunidad internacional; eso los hace cómplices, según la “lógica” de los indignados. ¿Será que es así?
Hace poco ocurrió un hecho muy confuso en el que el carro en el que se conducía un funcionario de “La Embajada” -ya sabe usted cuál es- recibió algunos disparos; creo que ocurrió en el área de San Vicente Pacaya. Inmediatamente de conocido el hecho, varios de los indignados profesionales y sus cajas de resonancia se lanzaron en redes a acusar -algunos directamente- al Ministro de Gobernación por el hecho ¡y no por omisión! Conforme pasaron los días, surgió más información y se supo que habían sido unos vándalos dizque de seguridad comunitaria o algo así que, intentando hacer justicia por su propia mano, salieron a la calle, armamento ilegal en mano, a buscar a unos supuestos criminales. Aparentemente confundieron el vehículo del diplomático y le dispararon. Resultó, pues, que nada de autoría intelectual del ministro ni nada que se le pareciese; sin embargo, las culpas estaban asignadas desde el minuto uno. Irresponsable e inmoral.
Traje a colación ese otro hecho violento no para deslindar la responsabilidad que tienen las autoridades de investigar y castigar a los responsables, sino precisamente por ello. Una investigación preliminar fue suficiente para desvirtuar los iniciales señalamientos, aunque falta por supuesto que las autoridades capturen y procesen a los “comunitarios” que dispararon. Allí, inmediatamente habrá un conflicto porque aquellos que culparon a priorial ministro ahora seguramente defenderán a los verdaderos culpables, a esos “líderes comunitarios” -ahora si lo uso para desacreditar el calificativo- que más que eso son criminales. Será muy interesante ver la actitud de “La Embajada” pues si ellos sospechasen siquiera que el ministro tiene algún grado de participación no solo lo harán saber, sino que se habrá de notar.
El asesinato de Juana Raymundo es un hecho que se debe investigar y cuyos perpetradores deben ser castigados, pero para ello debe haber una investigación sin presiones ni influencias de ningún grupo o persona y eso incluye por supuesto a la propia Codeca.
No he querido abordar -ni mencionar- las actividades ilícitas en las que ese grupo por convertirse en partido político se ha visto involucrado, porque no tiene relevancia, por lo menos prima facie, en el asesinato de Juana Raymundo; ambos crímenes deben investigarse y castigarse y si es cierto que Codeca es una organización criminal, no tendría relevancia en el crimen cometido en contra una de sus integrantes.
Según los tratadistas, los principales motivos para la comisión de un crimen -asesinato- son amor, pasión, lucro y odio, subdivididos en motivos secundarios como: a) esconder otro crimen, b) venganza, c) frustración, d) narcóticos, e) política, y otros tantos. Como se ve, la motivación política SI es un móvil para el Derecho Penal y debe investigarse esa avenida, pero como también se puede ver, no es el único posible motivo y deben investigarse también.
Nadie desde un blog, una columna o una cuenta de red social puede suplantar al ente investigador, mucho menos acusar sin fundamento. Parte de la transición a un Estado de Derecho es dejar por un lado ese tipo de acusaciones sin fundamento y dejar que las entidades correspondientes hagan su trabajo.
Como dije al inicio, estoy consciente que me he metido en honduras en este tema tan sensible y trágico. La información que yo tengo es escasa y la fuente -los medios de comunicación- cuando menos, es falible, así que lo único que me queda es lamentar el crimen y estar vigilante que las autoridades hagan su trabajo, de lo contrario a ellas se les exigirá cuentas. Sin embargo, exigirle cuentas o señalarlos de entrada, de cosas inverosímiles es, como ya he dicho a lo largo de este blog, irresponsable e inmoral y quien lo haga es, por consiguiente, acreedor de ser calificado como tal.
Descanse en paz Juana Raymundo.