Es justo señalar los errores, las metidas de pata y, ya no digamos, la violación de leyes y procedimientos de los funcionarios, pero debemos estar claros que no se trata de superhombres -o supermujeres- sino que son falibles; como todo ser humano.  Señalar los errores de otros, a veces, nos produce Schadenfreude.  En el caso puntual de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no por ser los encargados del evento electoral y la máxima autoridad en ese campo, van a ser infalibles; evidentemente han cometido errores -muchos- y aunque un poco forzaditos que conste, han ido dando pasos para tratar de enderezar este entuerto. 

A pesar de la enorme cantidad de errores, chambonadas e irresponsabilidades, no hubo fraude; ni propiamente dicho, ni como lo contempla la Ley Elctoral y de Partidos Políticos.  Yo no creo que el TSE, y mucho menos las Juntas Receptoras de Votos se hayan coludido para favorecer a determinado partido y/o candidato o perjudicar a otro.  Incluso reconociendo que uno que otro magistrado tiene su corazoncito cerca de un o una candidata, las resoluciones que finalmente han regido en el evento electoral no dan cuenta de favoritismo.

Se puede hablar mucho de que la LEPP favorece a Sandra Torres pues la limitante de publicidad y la corta campaña favorecen naturalmente a un candidato que ya sea ampliamente conocido.  También se puede hablar -y mucho- de las pretendidas normas que el TSE aprobó, primero limitando el derecho de los periodistas a entrevistar a candidatos y pretendiendo una censura previa a las preguntas que se pudiesen hacer, y luego tratando de prohibir que los miembros de las mesas tuviesen sus celulares con ellos.  Ambos estúpidos e inconstitucionales reglamentos fueron derogados gracias a la indignación generalizada y no tuvieron la vigencia que los magistrados pretendieron.  Falta, eso si, determinar “qué pata puso ese huevo” y conocer cómo se gestaron esos reglamentos; no solo es menester por la transparencia necesaria, sino por mandato legal.  El PDH debe actuar -veremos- para hacer efectiva la Ley de Acceso a la Información Pública. Los magistrados deberán responder preguntas muy incómodas y de no satisfacer con sus respuestas, deberán, además, responder judicialmente.

Ahora, en cuanto al evento electoral en si, es decir, a que mediante algún amaño se haya alterado la voluntad popular expresada en las urnas, yo confío en los miles y miles de voluntarios que conformaron las Juntas Receptoras de Votos, que estuvieron en las mesas de votación toda la jornada, así como los fiscales de los partidos políticos que certificaron -uso el término en sentido amplio- el resultado de la votación. 

No puedo decir lo mismo, claro está, del sistema que se utilizó para conocer de forma rápida el resultado: el sistema de cómputo o software utilizado, además de los errores garrafales de los digitadores al ingresar los datos -ambos extremos que están bajo investigación del MP- ambos han sido de lo peor que hemos tenido en la corta vida de este período democrático que empezó en 1984 con la elección de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente.  Don Arturo Herbruger no sé si se estará revolcando en su tumba o cagándose de la risa -porque no puede morirse nuevamente- de lo incapaces que son sus sucesores. 

Por si todo lo anterior -y otras cosas más- no fuesen suficientes, el día de ayer, jueves 27 de junio de 2019, el magistrado titular Jorge Mario Valenzuela amenazó con denunciar penalmente a quienes, con o sin razón, hayan usado la palabra fraude para describir la debacle electoral. 

Me llamó mucho la atención, y me preocupó otro tanto, porque muchos años atrás conocí al ahora magistrado; estudiando yo en el Instituto Privado para Varones y Escuela Preparatoria Anexa -La Prepa- cursando el quinto de bachillerato, el ahora magistrado impartía el curso de computación, requisito que por esos años impuso el Ministerio de Educación.  Diré solamente que la “computación” no fue el fuerte de mi colegio y que solamente se incluía la materia por ser un requisito.  De esa cuenta, el ahora magistrado impartía ese curso, seguramente mientras estudiaba la carrera de Derecho que ahora le sostiene.  Francamente no recuerdo si el ahora magistrado dominaba la materia, pero lo que si recuerdo es que yo aprobé el curso gracias a su benevolencia y a la divina providencia; siempre le estaré agradecido por haberme aprobado con muy buena nota, a pesar de que seguramente yo no la merecía.

Yo he expresado, no solo ahora sino siempre, que no creo que haya habido fraude; creo que es un error llamarle así y que quienes lo han hecho es por postura política y no jurídica.  A la postre, no solo se evidenciará que no lo hubo, sino que deja mal parados a quienes lo dijeron.  Pero de ser irresponsable llamarle fraude, a ser motivo para denuncia penal, como amenazó mi ex maestro de computación, hay mucho trecho.  Puedo entender cómo, bajo el asedio de toda Guatemala, los magistrados se sientan injustamente señalados, pero todos los antecedentes ya señalados y los que serán descubiertos por el MP y la Contraloría, son fuertes razones para dudar de la capacidad de los magistrados.  Es vergonzoso, pero más vergonzoso es, el darse cuenta de que una y otra vez estos magistrados -y ahora en especial mi antiguo maestro de computación- intentan limitar, y ahora criminalizar, la libre emisión del pensamiento, garantizada constitucionalmente. 

Fraude, no lo creo, pero Schadenfreude -que se parece fonéticamente- un poco.  Schadenfreude es una emoción compleja que se siente o experimenta cuando se encuentra placer o gozo en los fracasos o desgracias ajenas.  Es una emoción compleja, porque no debiese sentirse, pero vaya si no se siente -aparte de vergüenza ajena- cuando se ve en los trapos de cucaracha que están los magistrados del TSE.  Se puede decir entonces, que lo que estamos experimentando es un Schaden-Fraude.