No es usual que publique en mi blog un día distinto al lunes; creo que sólo lo he hecho un par de veces antes, pero apenas estamos en la cintura de la semana y ya hay buenos temas de los cuales discutir, así que al mejor estilo de los “Extra”, edición extra o edición especial que eran un número especial de un periódico publicado fuera del horario normal de publicación para informar sobre noticias importantes o sensacionales que llegaron demasiado tarde para la edición regular, como el estallido de la guerra, el asesinato de un figura pública, o incluso los últimos desarrollos en un juicio sensacional, acá les va este mi extra:

El viernes pasado, la actual Fiscal General, la doctora Consuelo Porras, removió, despidió, dejó sin efecto o anuló -depende a quién le pregunte- nombramientos de fiscales regionales y a la coordinadora nacional que habían sido, valga la redundancia, nombrados por su antecesora, la licenciada Thelma Aldana. Además, días antes había removido de su cargo a la jefa del departamento jurídico del MP por considerar ese un puesto de confianza y pues, no confiar en ella.  Inmediatamente surgieron teorías de conspiración y versiones “alternas” de lo sucedido y sus motivos.  En síntesis, se especuló que era una “venganza” (sic) de su parte en defensa de su esposo -quien también es fiscal de carrera, mejor calificado y a pesar de ello, no fue considerado para esos puestos- además de que se pagarían deudas multimillonarias a las que el MP está obligado por virtud de fallos judiciales.  Me detengo un momento acá antes de seguir la línea de tiempo para ahondar sobre este último punto. 

El Ministerio Público, en administraciones pasadas, contrajo dos obligaciones contractuales: la construcción de las oficinas centrales del ente en el barrio de Gerona y el arrendamiento de equipo de cómputo para la institución; especulo que se debió a que entonces el MP era el patito feo del Estado, no contaba con fondos suficientes para la compra de equipo, además que tratándose de tecnología podría haber hecho sentido solo arrendarle, pero como digo, solo especulo.  Así, luego que hubiese diferencias comerciales entre los proveedores y el MP, estos demandaron y luego de muchos, muchos años y gran cantidad de recursos legales en contra de los fallos -llegando hasta la CC- el MP se vió obligado a pagar una deuda que originalmente era cientos de veces menor, pero por los intereses luego de tanto tiempo, acrecentó a los montos actuales.  La actual Fiscal General no tiene de otra que pagarlo, so pena que a ella se le encause civil y penalmente (algunos especulan que ese era un “tamalito” que le dejaron a la doctora Porras, pero quien sabe). Ahora resulta que las anteriores autoridades cuestionan que la actual vaya a pagar esas deudas y cuando se les preguntó en una improvisada conferencia de prensa el por qué ellos -la administración anterior- no lo habían hecho, respondieron que consideraban esos contratos anómalos. ¡Quetalito!  Los mismos que piden encausar -nuevamente- al presidente Morales por, según ellos, desobedecer resoluciones de la CC (digo según ellos, porque la propia CC indica cuándo se considera desobedecida su resolución y ese hecho no ha ocurrido aún) son los que deciden desobedecer resoluciones judiciales porque a ellos les parece que los contratos son anómalos y poco les importan las resoluciones judiciales que les ordenan pagar.  Esa es simplemente otra muestra de la falta de coherencia de la que adolecen muchos, si no todos, los actores políticos en el país.  Cabría preguntar si Thelma Aldana corriese para presidente y ganase, si alguna corte le ordena algo que ella considere anómalo, ¿acatará tal orden?  Me recuerda el pasaje bíblico, aquel de la paja en el ojo ajeno… ya sabe usted.

Pero regresando al tema principal, este lunes recién pasado la actual Fiscal General, durante 1 hora con 48 minutos expuso las razones jurídicas y fácticas que la llevaron a esa determinación y respondió todas, todas las preguntas que los reporteros que cubrieron el evento le hicieron, a pesar de que algunas de ellas fueron impertinentes y majaderas. 

Es innegable que la doctora Porras no es la mejor comunicadora que hay; se le puede criticar desde su orden lógico de construcción de ideas, pasando por su dicción y falta de experiencia ante los medios, y si se quiere, el tono de su voz, pero lo que no se puede decir es que no expuso todo lo que los reporteros quisieron en un acto que su antecesora solo hacía ante medios complacientes.  Hasta algunos de los más exaltados fanáticos de Aldana tuvieron que reconocer en redes sociales que, de conformidad con lo expuesto por Porras, su decisión fue la correcta, aunque la forma probablemente no hubiese sido la mejor.  Ante la develación de lo que aparenta ser solamente el comienzo de varias anomalías descubiertas en aquella gestión, sus más cercanos colaboradores, mas no la propia Aldana, al día siguiente se presentaron a los medios a dar explicaciones.  En mi opinión, hicieron un buen trabajo desde el punto de vista mediático y político, pues sembraron la duda en la mente del electorado, ejem, público, quise decir…  Sin embargo, de manera poco usual -y muy lamentable- decidieron atacar personalmente a la doctora Porras al punto de sugerir que ella llegó al puesto “recomendada” por Blanca Stalling, para luego ser nombrada por Morales.  Qué rápido se les olvidó a sus corifeos que a Aldana la nombró -como ella misma dice- el jefe de La Línea y, con base en colaboradores eficaces, hemos conocido que la prohijaba desde tiempo atrás, el tenebroso “Gato” Herrera.  De nuevo, falta de coherencia. 

Tal pareciese que estamos ante un clásico “she said, she said” y cada quién debe escoger a quién creerle y eso no es justo para el público ni para las instituciones.  ¿Cómo es que, mientras estaba al mando del MP el “combo” anterior debíamos creerles todo lo que decían y cuidadito dudábamos de su infalibilidad, pero ahora que están fuera instigan a que se dude de la actual administración?  Vean, yo no soy quién para decir que la administración de Aldana obvió procedimientos y nombró de forma ilegal o si simplemente se trató de un error administrativo y son situaciones que se pueden dilucidar fácilmente a lo interno, pero lo que si sé es que si se procesó y metió a prisión preventiva a un joven y su tío porque facturaron 90 mil pesos de canastas en lugar de los desayunos que decían los documentos contables, la investigación administrativa de 9 nombramientos anómalos que dejan “cooptada” una institución con gente afín merece cuando menos, el beneficio de la duda; ya serán las actuales autoridades del MP quienes decidan si también merecen persecución penal y prisión preventiva para sus responsables. 

¡Ah, cómo han de sentir el frío de la pérdida del poder Thelma Aldana y su combo!