La iniciativa de Ley 5300 dispone modificar la Ley en Materia de Antejuicios para que el Congreso conozca de los antejuicios en contra del Presidente, Vicepresidente, Magistrados de Corte Suprema de Justicia, de la de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, así como de los Ministros de Estado, Procurador General de la Nación, Procurador de Derechos Humanos y Fiscal General de la República.  Eso, téngalo claro, no lo introduce novedosamente esa iniciativa, ni tiene su fundamento en la Ley en Materia de Antejuicios vigente desde el 2002; eso lo dice así, como una de las atribuciones del Congreso, la literal h) del artículo 165 de la Constitución Política de la República.  Es importantísimo tenerlo claro, porque a raíz de la presentación de dicha iniciativa por el diputado Fernando Linares Beltranena se ha esparcido información tergiversada y abiertamente falsa que creo que vale la pena aclarar.

La iniciativa busca devolverle al Congreso la facultad constitucional atribuida a ese organismo por virtud de la literal h) del artículo ya mencionado.  Pero ¿Cómo es que se le pretende devolver; en qué momento se la quitaron? Bueno pues le cuento cuándo y cómo: La ya tristemente célebre Corte de Constitucionalidad -no la actual, sino anteriores, con otros magistrados- en su labor de traductor para nosotros simples mortales, de lo que dice la Constitución -aparentemente nosotros no sabemos español- ha venido poco a poco tomando el rol de pitonisa y nos traslada los designios del Poder Supremo -es decir, de los mandamientos plasmados en la Constitución- haciendo, cada vez más, de una manera que más que traducirla o interpretarla -que no tendría por qué- la desarrolla.  Esas facultades, las de traducir, interpretar o desarrollar, no le están otorgadas en la Constitución.  Sus funciones están taxativamente listadas en el artículo 272.  No lo aburriré con copiarlas acá, haga un esfuerzo y lea la Constitución que siempre cae bien.  Así, la CC en varios fallos emitidos en expedientes de amparo (números 1736-2006 y 675-2014 entre otros) resolvió que, si bien es el Congreso quien debe conocer los antejuicios de los funcionarios ya indicados, la Corte Suprema de Justicia, antes de remitirlos al Congreso les debe dar una miradita previa y ver si tienen fundamento factual o si se trata de imputaciones espurias o con motivos políticos.  Eso está genial, pero esa es PRECISAMENTE la función del antejuicio, que por virtud de las sentencias de la CC ahora la CSJ conocede facto, en contravención de lo dispuesto en la Constitución.  Ahora, juristas y fiscales – porque antes no muy era esa la onda- defienden que así sea, pues el Congreso es un ente político y no jurídico y qué saben ellos de temas de acusaciones penales.  Pues poco, probablemente, pero lo único que tienen que hacer es determinar si se forma causa penal -para que el MP investigue- y se determine si se sustenta acusación o no contra el funcionario.  El antejuicio no predetermina -ni prejuzga- si alguien es culpable o no. De esa cuenta, el conocimiento del antejuicio por un ente judicial no es indispensable en ese momento, pues posteriormente un ente judicial tendrá la oportunidad de conocer los hechos que se imputan.  No se suplanta ni elimina la función judicial, pues. 

Uno puede solo especular sobre las razones por las cuales la CC resolvió de esa manera en aquellos expedientes, pero a la luz de los fallos que ha emitido desde entonces y cada vez más, aparentase que tuvieron una motivación política, más que jurídica.  Estoy claro que con tales afirmaciones me paso trayendo a algunos buenos amigos ex Magistrados, pero es mi opinión, misma que he podido compartir con algunos juristas que han coincidido conmigo. 

Bueno, ahora a lo actual: es imposible soslayar que, si la iniciativa hubiese sido presentada por algún otro diputado, digamos por Nineth Montenegro o Paul Briere, las consideraciones serían distintas.  No se requiere ser genio para sospechar que pueda haber una motivación coyuntural en la presentación de la iniciativa, pero más allá de ello, lo que pretendo es destacar los méritos jurídicos de la misma. 

Recuerdo que cuando era estudiante de Derecho, los antejuicios se trataban de una forma muy distinta, ni Ley de la materia había.  Los constituyentes le otorgaron al Congreso la facultad de conocer los antejuicios de los propios diputados ¡se imaginan eso! Bueno, es importante aclarar que, por virtud de las reformas constitucionales de 1994, eso se reformó y los antejuicios en contra de los diputados ya no los conocen ellos mismos ¡uuff! 

La semana pasada hubo un foro denominado El Derecho de Antejuicio: ¿Garantía de la función pública o privilegio personal? En el cual participaron el Abogado y ex presidente del Cedecón, Alejandro Balsells, el Fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval y el diputado Amilcar Pop (había alguien más pero no recuerdo el nombre) todos ellos “moderados” por Claudia Méndez Arriaza.  En ese foro, el fiscal Sandoval y el diputado Pop dijeron, así sin arrugar la nariz, que de aprobarse tal iniciativa “sería el camino a una dictadura” (sic). Afirman -falsamente- que el Congreso pretende el monopolio de los antejuicios y “…querer monopolizar desde el Congreso de la República el ejercicio del poder” ¡Quetalito! 

Balsells por su lado afirmó -por lo menos así lo transmitió La Hora- que, con ello, los diputados están buscando que los jueces (sic) estén siempre sujetos a las decisiones del Congreso.  La iniciativa 5300 no pretende eso.

Como soy firme creyente en la capacidad del individuo y en que cada quien tiene no solo derecho sino la posibilidad de sacar sus propias conclusiones, acá les dejo el link de la iniciativa para que la lean y contrasten con lo que en mi opinión, erróneamente dijeron los panelistas (Iniciativa 5300)

Estos son tiempos de mucha confrontación, no solo acá en Guatemala sino en muchos otros países; Estados Unidos pasa por un momento álgido con la confirmación del Juez Kavanaugh para la Corte Suprema de ese país.  Ha sido señalado de terribles actos de violencia sexual -ocurridos hace ya más de 30 años- que de ser ciertos harían inviable su posición de por vida en esa Corte.  Sin embargo, uno no puede abstraerse del momento político que viven por estos días los gringos a escasos días de las elecciones de congreso, un tercio del senado y algunas gubernaturas.  Quienes seguimos las audiencias del comité de asuntos judiciales del Senado gringo como si fuesen la mismísima serie de Luismi o La Casa de Papel, pudimos ver en tiempo real el grado de divisionismo partidario del que está cargado ese proceso.  Solo fue posible un pequeño avance luego que un senador republicano saliente supeditara su apoyo a una investigación por parte del FBI acerca de las sindicaciones. Esa para mi ha sido una muy buena muestra de cómo un ambiente políticamente dividido ha entorpecido lo que debiese ser un proceso de consejo y consentimiento.  Ha resultado evidente cómo los republicanos empujan con todo para colocar a un Juez conservador en la Suprema y de cómo los demócratas esconden evidencia cuando les conviene y de cómo “se filtra” saber por quién cuando es de su interés, sin importar que afecte la privacidad y la intimidad de una posible víctima de violencia sexual.  Los políticos son políticos acá, como allá.

Seguir ese proceso me ha servido para darme cuenta cómo algo que es bueno, pero parece malo para siendo malo sin que lo sea.  La iniciativa 5300 no es mala, pero es presentada por alguien que es criticado constantemente en los medios y en redes sociales y lo hace -presentar la iniciativa- en un momento en el que no puede ser más que sospechosa la motivación coyuntural.  A pesar de ello, si queremos avanzar un poquito e ir construyendo institucionalidad, debemos estar dispuestos a apoyar propuestas de nuestros adversarios, aún sabiendo que les puede traer réditos políticos en contra de los nuestros, si y solo si, son beneficiosas para el país.  A mi se me ocurre -en medio de mi tontera, como dice un amigo- que resolver un entuerto que enredó aún más la CC interpretando una norma erróneamente, cumple precisamente ese supuesto que he mencionado anteriormente.

Me resulta particularmente curioso -por decirlo así- que quienes criticaron duramente a aquella CC por estar supuestamente plegados a los intereses de la élite sean los que ahora recogen esas sentencias como si fuesen los rayos del Júpiter Tonante y los blandan con energía contra sus adversarios.  Me parece todavía más curioso aún que luego de que la anterior Fiscal General, el Comisionado (¿?) Velásquez, todas las personas bajo el mando de ambos y todos sus admiradores nos dijesen reiteradamente que levantar el derecho de antejuicio era simplemente para poder investigar y no para detener o encarcelar, ahora sean precisamente, todos ellos, los que pegan el grito en el cielo cuando se pretende conocer -de verdad, no para rechazar in limine- algunos antejuicios para que, si hay indicios de delito, se investigue y sean autoridades judiciales las que lo determinen en juicio oral.  Jamás de los jamases se pretende que sean los diputados. ¡Dios nos guarde! 

A la luz de toda esta falta de congruencia de unos y otros, quién sabe si la ruta correcta no sería la que recientemente ha tomado México y que puede estar a punto de tomar también España, de retirarle el fuero -antejuicio- a los funcionarios y así no exista obstáculo alguno para la investigación de la posible comisión de un delito.  El fuero tuvo su razón, sobre todo durante la vigencia de sistemas inquisitivos, pero ahora donde cada vez más el sistema acusatorio es también proceso oral, público y contradictorio, creo que es una buena pregunta para hacerle a los candidatos en las próximas elecciones, si estarían dispuestos o no a impulsar las reformas necesarias -se requiere de una reforma constitucional- y retirar el derecho de antejuicio para que todo funcionario enfrente la justicia como un ciudadano común.  Hay riesgos, claro está, pero para no correr riesgos -y sobre todo afrontarlos para superarlos- mejor sigamos con CICIG toda la vida; incluyámosla en la Constitución y nombremos a Iván Velásquez vitaliciamente, así como al Juez Kavanaugh a la Corte Suprema. Porque vaya si no, unos individuos como Kavanaugh y Velásquez -conste que Jimmy también- nos tienen divididos en estúpidos bandos y nos roban la atención de asuntos más importantes.  No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, pero no por ello son malas.  La iniciativa de Ley 5300 no es mala.

Para mientras, usted y yo seguimos “en la lucha” como se dice popularmente y ni antejuicio tenemos. 

P.S.  He cambiado el tipo de letra en esta publicación porque creo que es más amigable a la vista para los que nos estamos quedando algo “chocolates”.  Por favor comenten y díganme cuál prefieren.  Gracias.