Sin duda la noticia política más sonada y comentada de la semana pasada fue el “caso” presentado por el MP y Cicig en contra del partido UNE, su mandamás y candidata presidencial, Sandra Torres y otros varios personeros y diputados.  Al igual que ha ocurrido antes con otros partidos, este caso se trata de financiamiento electoral ilícito en cualquiera de sus variopintas modalidades.  Llama la atención que la gran mayoría de sindicaciones se hayan hecho con fundamento en el artículo 407 “O” del Código Penal, figura creada apenas el año pasado, cuando los hechos ocurrieron en el 2015. Más allá de esa “curiosidad” jurídica, no está de más recordar que si bien es el MP quien sindica, son los jueces quienes finalmente califican el delito y lo tipifican.  De esa cuenta, más allá de que el MP y Cicig la hayan chorreado con pretender aplicar un tipo penal que no existía cuando los supuestos hechos delictivos fueron cometidos, el juez contralor podría enmendarle la plana al MP -otra vez- y encausar correctamente la acusación. Sin embargo, como dije, no deja de llamar la atención la estirada o la retorcida de la norma para poderla aplicar al caso de la UNE.  Ya serán los tribunales quienes determinen cómo termina ese asunto.

Otro elemento que llamó la atención fue el “timing” de la acusación, pues se hizo un día después de que la candidata Torres tuviese inmunidad; de haberse hecho antes, probablemente el MP hubiese pedido su captura de una vez, como lo ha hecho casi siempre en los casos de alto impacto.  En esa línea, las acusaciones volaron por las redes sociales y varios medios, acusando directamente a la actual Fiscal General, Consuelo Porras, de retrasar con aviesos fines la presentación del caso.  Notoria fue la afirmación del ex SAT Juan Francisco Solórzano Foppa de que el expediente durmió el sueño de los justos en el despacho de la Fiscal General por dos meses.  De ser eso cierto, la FG tendrá que responder algunas preguntas, sin embargo, la afirmación de Solórzano -su grado de certeza- es indicativo que tenía conocimiento de primera mano o, por el contrario, que alguien dentro del MP le “pasó el norte” y en ambos casos, es otro asunto que debe investigarse; no hacerlo sería irresponsable, si lo que se dice procurar es transparencia, rendición de cuentas, Estado de Derecho, legalidad, etc. 

Proveniente de otro lado del espectro ideológico, también se acusó a la Fiscal General de estar jugando política y querer distorsionar la contienda con esta acusación en este momento. Si se intentó favorecer a Torres o si, por el contrario, se pretende afectar sus posibilidades, parece ser el tema de discusión y creo que está bien, pues la discusión de la veracidad de los hechos que se les imputan se deben discutir en tribunales, pero el aspecto político del “merequetengue” es válido comentarlo y discutirlo con opiniones desde una postura objetiva, aunque el subjetivismo en este tipo de casos es inevitable; la política siempre generará pasiones.

Quienes afirman que detrás del momento está la intención de beneficiar a Sandra Torres tienen varias preguntas a responder, por ejemplo: ¿De quién es esa intención?  ¿Es la Fiscal General Porras una “pieza” de Torres?  

Del otro lado, es decir, de los que afirman que se quiere perjudicar a la UNE y a su candidata habría que preguntarles: ¿La intención es “bajársela” en la contienda electoral en favor de alguien? De ser así, ¿quién o quienes son los más beneficiados de ello; cui bono, como se dice en latín?  Esta última interrogante podría responderse con una frase en otro idioma: cherchez la femme.  Más allá de que esa es una frase salida de un contexto histórico y social distinto -uno bastante más machista- en el presente caso pareciese darnos la respuesta correcta; es indudable que la más beneficiada con esta acusación en este momento es la precandidata presidencial Thelma Aldana.  Pretender negarlo es querer tapar el sol con un dedo. Sin embargo, que ella sea la más beneficiada no significa necesariamente que ella esté detrás de ello.  Nadie, hasta donde yo he podido enterarme, ha proveído elementos suficientes para poder ver las huellas de Aldana en la pistola humeante, como se dice en ingles.  En una carrera de autos, si mi contrincante tiene un pinchazo en la llanta, me beneficia a mi, pero eso no significa que yo o alguno de mi equipo haya tirado clavos justo por donde mi contrincante pasaría.  Para llegar a esa conclusión se necesitan más elementos.

Lo anterior puede ser cierto en el ámbito jurídico, pero no en el político; en la mente de muchos ya está que, tenga fundamento no el caso en contra de la UNE, directa o indirectamente Thelma Aldana tiene algo que ver con el cómo y cuándo de la presentación.  Hace algunos días se cacareó hasta más no poder el Índice de Percepción de Corrupción recopilado anualmente por Transparencia Internacional. En él se mide justo eso: la percepción, es decir, lo que se cree; se me hace mucho a lo que ahora ocurre, se tiene la “percepción” que Aldana tiene que ver en esto, sin importar si es cierto o no. Si de enfrentar un proceso judicial se tratase, creo que puede estar bastante tranquila, pero lo que enfrenta ahora es la percepción del electorado y encontrará que éste se comporta de una manera mucho menos rigurosa y mucho más emocional.  Si finalmente es candidata presidencial luego de franquear sus problemas legales y los de la agrupación política que la nominará, se dará cuenta que los “golpes” de efecto que ha recibido -la contratación de su jefe de campaña, José Carlos Marroquín con dinero público, la compra sui generis de un edificio presumiblemente sobrevalorado e innecesario, y ahora la supuesta manipulación de casos judiciales para su beneficio político- le pasarán la factura.

Se comenta que Sandra Torres es una segura participante en segunda vuelta de las elecciones y que casi cualquiera que pase junto con ella será ganador, debido al enorme anti voto que ella tiene; sin embargo, cuando se pregunta qué pasaría si pasa con Thelma Aldana, el resultado es el contrario. 

Sea como sea, la resolución de todo esto está en las urnas; solo algunos necios locales, que no quieren entender inglés, insisten en cambiar el panorama por mecanismos distintos al electoral. 

Ahora es el turno de la UNE para enfrentar los embates de las acusaciones; esas se resolverán en tribunales, pero la decisión final será de usted, el votante.  Que ningún grupo radical le arrebate la decisión a usted, el votante, usted quien manda, usted ¡el soberano!