Hoy, miércoles 9 de enero de 2019, amanecemos con la noticia de que la Corte de Constitucionalidad, luego de una sesión maratónica, ha decidido otorgar amparo provisional en contra de la decisión del Ejecutivo de “dar por terminado” el acuerdo de creación de Cicig, misma que se materializó en un Acuerdo Gubernativo publicado ayer en el Diario Oficial. A quien le haya sorprendido el sentido de fallo debe ser porque todavía cree en Santa Claus; era más que previsible.
Ahora bien, creo que, si bien la mayoría así lo sospechamos, lo que no está claro es lo que ocurrirá a partir del momento en que sea notificado el Ejecutivo y publicado el fallo -también- en el Diario Oficial (para que después un funcionario menor no alegue que no ha sido notificado). Lo que es fácil adelantar es que solo hay dos rutas: que el Ejecutivo acate lo resuelto o que no; más allá de que se presenten aclaraciones, ampliaciones o reconsideraciones, solo existen esos dos caminos.
En el primer escenario, el Ejecutivo nuevamente verá frustradas sus intenciones luego de tomar decisiones que no están debidamente fundadas en Ley -por lo menos a criterio de la CC- o que, como también ha ocurrido -vale decir- la CC se extralimita en el alcance de sus fallos y se mete a legislar, a resolver materia ordinaria o a administrar la cosa pública. No sería la primera vez que lo hace. Sea como sea, si la CC resolvió dentro del ámbito de su competencia o si se saltó las trancas, si uno cree mínimamente en el régimen de legalidad, en el Estado de Derecho y en la República, por más que se aborrezca, se debe acatar el fallo; no hacerlo es ir en contra de todo lo anteriormente indicado. El derecho a no obedecer órdenes manifiestamente ilegales consagrado en el artículo 146 constitucional es sagrado, si, pero imaginemos que fuese facultativo de cada uno de nosotros decidir qué es manifiestamente ilegal y qué no; ¡se arma la de Troya! Buena parte de la culpa la tiene la actual CC -aunque la anterior también- que más allá de simplemente resolver la constitucionalidad de una norma o de amparar ante un abuso o amenaza de él, se ha dedicado a dictar la ruta que se debe seguir para, en su opinión, enderezar el camino. Con ello, esta corte, en efecto, se ha extralimitado. Mucho se ha dicho que las anteriores cortes también se extralimitaban y que lo que ahora “molesta” es que sea en un sentido distinto a aquellas; la diferencia primordial entre aquellas y esta corte es que las primeras resolvían -amparando o declarando con lugar las acciones de inconstitucionalidad- y ya. No se metían a sugerir y ordenar a determinada autoridad que, como consecuencia de su fallo, tenían que hacer A, B y C en determinado orden, lugar y vestidos de azul. Esta corte, influenciada por las corrientes neo-constitucionalistas, particularmente la denominada bloque de constitucionalidad, ha resuelto de tal manera que sus fallos no son simplemente límites a los desmanes y arbitrariedades del poder, sino que se han erigido como el poder sustituto; se han creído sucedáneos del Organismo Legislativo y del Organismo Ejecutivo. La forma, el procedimiento y el alcance de muchos de sus fallos deben ser objeto de análisis profundo y prueba reina en las acciones penales en contra de los magistrados que las han proferido. Más allá de estar a favor o en contra de los fallos, las violaciones a procedimiento y decisiones que muy bien pueden constituir prevaricato, son evidentes. Solo con el tiempo veremos si se les hace responsables de ellas o quedarán en la impunidad.
Pero regresando el tema principal, el de la decisión del Ejecutivo de “dar por terminado” el acuerdo de creación de Cicig, me pesa decir que, aunque muchos estemos de acuerdo en ello, pues consideramos que la Cicig ha pervertido su misión y se ha dejado penetrar por intereses sectarios, las normas de derecho interno y las de derecho internacional no facultan al Ejecutivo a tomar, de la manera que lo hizo, esa decisión.
El segundo camino es, claro está, la desobediencia. Si el Ejecutivo decide que “no le afecta” -como diría un amigo- la decisión de la CC y no acata lo resuelto, entraremos a aguas inexploradas y a un estado de facto. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el refrán.
Vale la pena recordar que el acuerdo de creación de Cicig es el súcubo nacido de la mente de Edgar Gutiérrez y Eduardo Stein, brillantes mentes del lado oscuro de la fuerza, que crearon ese adefesio muy a la medida de sus intereses. Más que lo anterior -que no es de extrañar- lo que me parece increíble es que hace algunos meses haya alardeado el embajador Skinner-Klee en medios internacionales que él negoció ese acuerdo con Naciones Unidas; si así fue, parece que lo negoció con el orto, porque permitió la creación de un ente bastardo y sin posibilidad de supervisión -o sea omnímodo- a través de un acuerdo que le arrebata al país la posibilidad de resguardar su soberanía mediante mecanismos de denuncia del propio acuerdo. ¡Imperdonable, señor embajador!
Así, lo que tenemos es un engendro, una aberración, una malformación que nosotros permitimos que creciera.
Yo quiero que Cicig termine sus operaciones en el país y quiero que lo haga lo antes posible porque me ofende su desviación, sus métodos cual Stasi alemana y su desparpajo, casi igual como me ofende la corrupción y la impunidad que vino a desarticular, pero cambiar las segundas por la primera me parece una imbecilidad. A pesar de que quiero que se vayan rapidito, no estoy dispuesto a que se consiga con medidas de hecho, con decisiones que no están debidamente ajustadas a las normas (nacionales e internacionales) y que se haga desobedeciendo resoluciones que, por más aberrantes que las pueda creer, se deben acatar. Lo contrario es la jungla.
¿Qué pasará ahora? No lo sé, pero lo que sí sé es que no quiero vivir bajo un régimen de facto acaecido por decisiones ejecutivas arbitrarias y resoluciones aberrantes del más alto tribunal constitucional.
Termino este escrito como terminé el anterior: ¡estamos jodidos, todos ustedes!