Qué bonito es cuando le facilitan el trabajo a uno, no al punto de convertirse en “huevón”, pero si es agradable cuando lo que uno hace es facilitado por las acciones de otros; un gobierno que, en lugar de obstaculizar, facilita las gestiones y el emprendimiento, leyes y reglas claras -y que se cumplen- para el quehacer productivo y por supuesto respeto irrestricto a las libertades individuales.  Eso es, en síntesis, lo que me atrae hacia el pensamiento liberal. Para eso, acá, nos falta mucho. Hay un montón de circunstancias y de acciones que impiden que estemos en ese estadio y, aunque lo estuviésemos, la naturaleza humana es tal que buscaríamos cómo arruinarlo.  Lo perfecto es enemigo de lo bueno, se dice.

Hoy estoy contento porque me han facilitado el trabajo y uno de quienes lo ha hecho es el gobierno ¡aunque usted no lo crea!   Los analistas, comentaristas y chapines de todos los ámbitos que en las redes han expuesto su opinión y sentir -con los que no hay que estar necesariamente de acuerdo- también lo han hecho. 

Indudablemente el tema que merece atención y comentario es la notificación del gobierno de Guatemala -guste o no- al Secretario General de Naciones Unidas que, cuando venza la actual renovación del acuerdo que dio vida a la Cicig -cosa que ocurrirá en septiembre de 2,019- tal como faculta el propio convenio, el Estado de Guatemala no renovará el convenio, dando por terminada la actividad de dicho ente en Guatemala luego de 11 años, experimento único en el mundo.  Como probablemente ya ha leído o escuchado la opinión de otras personas, unos incondicionales al presidente -aunque frecuentemente la riegue- y otros incondicionales a la Cicig y actual Comisionado -aunque ocasionalmente la riegue- no quiero privarlo a usted del placer de conocer mi opinión (el “exceso” de modestia es a modo de broma).

Los hechos ya los conoce así que no los repetiré, pero vale la pena mencionar algunos, como la innecesaria presencia del alto mando militar y comandantes en la retaguardia -para usar términos militares- del presidente Morales mientras hizo el anuncio en el salón de banderas del Palacio Nacional.  La presencia de Jovel era de esperarse, e incluso la de Degenhart -aunque siendo así, yo le hubiese aconsejado acompañarse de todos los ministros- pero la del Ministro de la Defensa y el resto de los milicos estuvo fuera de lugar y solo se prestó para malas interpretaciones y descalificaciones.

Aunado a ello, la circulación por los alrededores de la sede de la Cicig en la zona 14, de unidades J8 donadas por los Estados Unidos para el combate del crimen organizado ciertamente evidencia que “algo pasó” y no se concretó todo el plan que tenían para ese día.  En WhatsApp anduvo circulando que se expulsaría por la fuerza al comisionado Velásquez, que se apresaría a opositores del régimen y a algunos magistrados de la CC y otro montón de acciones fuera del marco de la legalidad.  Uno de los que supuestamente iba a ser detenido ilegalmente, Edgar Gutiérrez, publicó ayer en elPeriódico su versión de los hechos.  A menos que alguno de los que participaron en la planificación de tales supuestas acciones se convierta en sapo y suelte la sopa, es imposible saber a ciencia cierta que eso habría de pasar; hasta ahora es una teoría de conspiración como las muchas que circulan todos los días en Guatemala.  Como toda teoría de conspiración, tiene elementos que la hacen verosímil; que, si “La Embajada” intervino o que, si esto o lo otro sucedió, hasta ahora, son especulaciones.  Lo que debe importarnos es lo que sucedió: el anuncio de no renovación de Cicig. 

En los últimos días ha habido una serie de eventos que le han metido mucho ruido al asunto y que, por supuesto, unos y otros han usado -instrumentalizado- para llevar agua a su molino.  Eso es no solo natural sino predecible y criticarlo es criticar la acción humana.  Se puede hacer, pero no sirve de nada.  El ruido del que hablo es, curiosamente, un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el mandato de la Cicig o su actividad en el país: la ideología de género y la despenalización del aborto.  Los 3 temas: la actividad -correcta o no- de la Cicig, la iniciativa de ley de identidad de género y la de despenalización del aborto -son dos distintas, por si no lo sabía- y la “contra iniciativa” denominada Ley para la Protección de la Vida y la Familia son totalmente independientes y merecen atención por separado; los esfuerzos de unirlas por parte de sus proponentes y de sus opositores, en mi opinión, se trajeron al traste algunas propuestas positivas que merecían ser evaluadas.  No da tiempo y no hay espacio para analizar todos los aspectos, pero muy rápidamente les daré mi opinión. 

Hace algunos días, la Cicig publicó una convocatoria para la contratación de un especialista en temas de género; no sé cuáles serían las atribuciones del especialista, pero ni por asomo podría tener ninguna injerencia en políticas públicas, por ejemplo.  El miedo a esa convocatoria fue infundado.  Por esos días justamente se empezaba a conocer las iniciativas presentadas por la diputada Sandra Morán: una que pretendía despenalizar el aborto en para víctimas de violación y para menores de 14 años, siempre y cuando se llevase a cabo antes de las 12 semanas de gestación.  Más allá de que no se quién jocotes le escribe las iniciativas de ley a la diputada (acá el enlace para que puedan ver lo terriblemente mal escrita que está y lo complicada de su redacción Iniciativa 5376) la posibilidad de la interrupción del embarazo de una niña violada, siempre y cuando se lleve a cabo antes de las 12 semanas de gestación, a mi no me parece diabólica.  Creo que podría encuadrar en lo que la Ley Penal vigente ya permite, que es el aborto terapéutico si el futuro alumbramiento pone en peligro la vida de la madre.  Si bien puede que no sea la vida física, ciertamente su vida -el resto de su vida, pues- se ve en grave peligro cuando a una niña de 14 años o menos es obligada a dar a luz a una criatura producto de una cosa tan aberrante y traumática como una violación.  Si bien soy un católico practicante, no puedo pensar cómo la violación de una niña es “voluntad de Dios”. Además, liberal que soy, no puedo condonar que se le pretendan forzar  creencias religiosas -aunque sean las mías- a toda la población.  Eso va en contra del Estado laico y aconfesional en el que quiero vivir.  La neta.

La otra iniciativa de la diputada Morán -igual de mal redactada- pretendía aprobar la Ley de Identidad de Género (enlace acá: Iniciativa 5395) y en síntesis viabilizaba el cambio de género y obligaba a las entidades públicas a registrarle.  Léala para que se entere.

Esos tres sucesos, la convocatoria de Cicig y el conocimiento de las 2 iniciativas encendió las alarmas en la sociedad conservadora y en el gobierno que tiene evidentes componentes religiosos; así, la mesa estaba servida para otra confrontación ideológica.  En mi opinión, nada tenía que ver la convocatoria de Cicig con la “implantación de una ideología de género” en el país, pero con la fatal coincidencia de las iniciativas por la diputada Morán, ya vemos el resultado. 

Como dije al inicio, nada tiene que ver aquello con la renovación o no del mandato de Cicig, pero sirvió de marco conceptual para que el gobierno tomara esa decisión pudiendo ser respaldado por una sociedad -que es, guste o no, abrumadoramente conservadora- y así, mezclando el sebo con la manteca, “hábilmente” Jimmy Morales menciona el tema en su conferencia de prensa donde da a conocer su decisión. 

La decisión en si, la no renovación del mandato de Cicig está perfectamente encuadrada en las potestades del presidente. Esta, como muchas otras, no gusta a algunos y han buscado -y casi siempre logrado- revertirlas en la Corte de Constitucionalidad.  En mi opinión, se hace un daño terrible al Estado de Derecho y a la precaria institucionalidad utilizar las cortes para atacar las decisiones de los adversarios políticos, solo porque no estamos de acuerdo con ellas.  Durante mucho tiempo, eso ocurrió “hacia la derecha” y ahora ocurre “hacia la izquierda”.  Lo que se ha generado es ingobernabilidad.  Los temas políticos se dirimen políticamente, no judicialmente. 

Así, esta decisión de Morales es legal y legítima -contrario a lo que muchos puedan decir- pues corresponde a él solamente tomar esa decisión, insisto guste o no. 

Ha habido posiciones muy interesantes respecto a este tema; una de ellas propugnada por el Lic. Alexander Aizenstatd (http://aizenstatd.com/el-camino-hacia-adelante/)  que hace referencia al artículo 173 de la Constitución y creo que -guste o no otra vez- plantea un punto interesante.  Sea que se someta a consulta popular o no, la verdadera consulta respecto a este tema será en julio del 2,019 en las elecciones generales. Allí podremos votar por quien creamos que puede representar nuestra visión de país y quien creamos que debe tomar esa y otras decisiones en el futuro.  A ver si vamos aprendiendo a elegir.

La decisión está tomada y salvo una resolución -que en mi opinión estaría fuera de lugar- por parte de la CC, hay que hacernos a la idea de un país sin Cicig. 

Luego de 11 años ya es hora de que nosotros y nuestras instituciones hinchemos los huevos y encarnemos nosotros mismos, sin muletas, la lucha contra la impunidad y la corrupción.  Si después de 11 años el MP, el OJ y nosotros como sociedad no hemos sido capaces de aprender la lección y si no vamos a comportarnos con la misma hidalguía y rabia en contra de la corrupción solo porque ya no está tata Cicig, pues francamente no nos merecemos un Estado como el que queremos. Al que quiere celeste, que le cueste. 

Viendo hacia delante, tenemos que ser prácticos y saber que don Iván no estará por siempre para defender los intereses que debiésemos defender nosotros mismos.  ¿Que podemos caer otra vez en las garras de las mafias? Si.  Pero más nos vale que de algo haya servido la década Cicig, tanto para los operadores de justicia como para la sociedad para no volverlo a permitir.  Si no, vaya hombre, ¡otra década perdida! 

Si se me permite el símil, yo quisiese que mi papá siguiera en este mundo para darme consejo -y el eventual apoyo económico- para que yo no tuviera que preocuparme por mí mismo, ¡quien no! pero el hecho es que eso no es posible y, nos guste o no, tenemos que enfrentar por nosotros mismos los desafíos que se nos presentan.  Esperar que esté para siempre la Cicig es tan  irreal como creer en unicornios; podrá ser lindo, pero es irreal.  Si en 11 años no hemos podido aprender la lección, estamos jodidos.  No habrá tata Cicig o tata gringo que nos vaya a sacar del barranco. 

Perdonen la expresión -nuevamente- pero toca hinchar los huevos -y ovarios- para exigir lo que queremos y lo que este país necesita a nuestras autoridades.  Aprendamos a elegir de una buena vez y no estemos lamentándonos a medio período buscando fórmulas mágicas.  ¿Queremos nuestro propio Estado? Toca hacerlo nosotros, a nadie más.

Hay algunos, por supuesto, que se aferran a la Cicig y es comprensible.  Por lo menos yo, no soy de los que están opuestos por principio a la Cicig; creo que ha hecho importantes aportes a la persecución penal, pero también ha caído en tremendos errores y, peor aún, se ha mantenido en ellos para tratar de salvar cara.  Una y otra vez se les ha señalado de manipulación de testigos -algunos han sido descubiertos por mentirosos-, de tácticas intimidatorias y de otras aberraciones que son las que precisamente debiese haber venido a erradicar.  Eso, para mí, es el pecado más grande de Cicig. 

La fijación obstinada de algunos -muchos, tal vez- por la permanencia de la Cicig los hace caer en una especie de conservadurismo; quieren mantener el status quo, la “comodidad” que provee Cicig.  La Cicig terminará su mandato en septiembre del otro año y habrá por supuesto candidatos que ofrezcan crear una nueva, resucitar al difunto y otros que ofrezcan nunca más.  Yo, me decantaré por el candidato que en lugar de basar su plan de gobierno en la existencia o no de un ente experimental y temporal, me diga con claridad qué piensa hacer, con qué dinero lo piensa hacer y hacia dónde quiere llevar el país durante su mandato. 

La lucha en contra de la impunidad no debe ser una oferta electoral, como si fuesen láminas, pelotas o gorras; la lucha contra la impunidad debe ser una realidad que no dependa de que un candidato la ofrezca o no.  Hemos tenido 11 años de Cicig -para ser honestos, solo 3 de lucha contra la corrupción- y en ese tiempo no se ha visto mejora en hospitales, escuelas, carreteras, etc.  El país es mucho más que solo lucha contra la corrupción. 

El presidente tendrá un año muy, pero muy duro en el que, en mi opinión, va a enfrentar su Waterloo. 

Prematuro decir que es el fin de la Cicig pues falta todavía un año, pero el fin del mandato de la Cicig no es -no debe ser – el fin del mundo para los chapines de bien.